El Grupo Oaxaca, desde su creación en 2001, instaló en el centro de su narrativa la idea de que la transparencia y el acceso a la información son herramientas imprescindibles para la construcción de un Estado de derecho genuinamente democrático en México. Años después, las organizaciones de la sociedad civil, coaligadas en torno a la llamada #Ley3de3, ponen en el centro de su narrativa la exigencia de que el combate a la corrupción sea una política de Estado. No es casual que así sea.

El espejismo de democracia que se instaló en México durante la primera década del siglo XXI construyó la narrativa aquella de que la alternancia traería la prosperidad y la justicia que los 70 años de partido hegemónico nos habían negado. Fue esa zanahoria con la que se hizo caminar a la sociedad durante casi tres lustros, hasta que una larga cadena de escándalos que parece no tener fin nos hizo ver que todo había cambiado para que cambiara muy poco.

Resulta que la crisis de corrupción que vivimos hoy y parece no tener fondo no es algo que surgió de la nada y nos engulló de la noche a la mañana; es algo que se sembró hace años y cuyos frutos perversos —el saqueo, la impunidad, la desigualdad, la violencia y la pobreza— empezamos a cosechar de manera más evidente en la última década, la de las promesas rotas. Pero hay esperanza.

Si bien hoy nombres como Duarte, Borge y Padrés nos remiten a la deformación más grotesca del servicio público, dentro de poco podrían remitirnos a un punto de inflexión en la historia política de México: el momento en que la sociedad civil tomó las riendas del combate a la corrupción y obligó al gobierno a poner alto a la impunidad institucionalizada. Aunque el reto es mayúsculo, las condiciones están dadas.

La edificación del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), resultado de la primavera mexicana de 2016, requiere de un pilar que podría hacer toda la diferencia. La Fiscalía Anticorrupción está diseñada para convertirse en la instancia encargada de investigar y dar procedimiento a las denuncias de casos de corrupción que le sean remitidas por cualquiera de los órganos competentes del SNA. No sólo tendrá facultad de atracción para conductas catalogadas como delitos de corrupción, sino también podrá ordenar el aseguramiento de bienes propiedad del imputado o, en su caso, promover la extinción de dominio. Sin embargo, a los senadores parece no importarles que se derrumbe el edificio.

El pasado 25 de octubre, la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado publicó un acuerdo que en los hechos representa un atentado contra la legitimidad de la Fiscalía Anticorrupción, viciando de origen el proceso de designación y poniendo en peligro el debido funcionamiento del SNA. Los coordinadores de los grupos parlamentarios se eligieron a ellos mismos para hacer la designación, simulando un proceso de revisión de “idoneidad” de los aspirantes ante las Comisiones Unidas de Justicia y Anticorrupción y convirtiendo las comparecencias en una pasarela frívola porque al final serían ellos —los integrantes de la Jucopo— quienes decidirían el nombramiento.

Afortunadamente el acuerdo de la Jucopo está moribundo. Dos de sus tres elementos cayeron por peso propio. El plazo establecido en el acuerdo expiró el 29 de noviembre y la Comisión de Selección del Consejo de Participación Ciudadana del SNA se rehusó a extralimitar sus funciones legales y emitir una opinión legitimadora de un acuerdo que buscaba mantener el control político de la designación. Es momento de recordarle a los senadores que sin participación no habrá designación.

Primero, la Jucopo debe publicar un nuevo acuerdo y darle máxima publicidad. En ese acuerdo se debe establecer que el Senado convocará a un Consejo técnico conformado por ciudadanos propuestos por universidades, institutos y organizaciones de la sociedad civil, que harán una evaluación minuciosa de cada uno de los 32 perfiles, mediante instrumentos de medición objetivos y transparentes.

No solo eso, el acuerdo deberá establecer que la ciudadanía tendrá la posibilidad de participar en el proceso enviando preguntas y conociendo, a la brevedad, las fichas curriculares y los ensayos que los 32 aspirantes presentaron en su registro. Por último, para garantizar que la designación no tenga injerencias políticas o partidistas y que la autonomía del Fiscal sea efectiva, el Senado deberá respetar la lista de aspirantes que entregue el Consejo técnico y enviar (al menos) una terna proveniente de éste para votación en el Pleno.

No podemos aceptar que el esfuerzo histórico de la sociedad civil quede ahogado en un mar de opacidad. Desde Opciona repudiamos los intentos de obstaculizar la participación ciudadana y hacemos un llamado a la sociedad a exigir que la designación del Fiscal Anticorrupción no sea producto de un acuerdo político de cuotas y cuates. Recordemos que la corrupción es el principal obstáculo para la igualdad de derechos y la supervivencia de la democracia en México. No hay tiempo que perder.

@gustavoriveral

Artículo publicado en Animal Político, el 6 de diciembre de 2016.