¿Qué es la corrupción? Transparencia Internacional la define como “el abuso del poder otorgado en beneficio propio”, definición que aplica tanto a ciudadanos de a pie como a gobernantes y políticos. 

En entregas anteriores, hemos argumentado que la corrupción que padecemos los mexicanos es producto de la debilidad de un Estado capturado por intereses privados y que en consecuencia ha generado un régimen donde la ley se aplica selectivamente, quedando al servicio de intereses políticos y económicos particulares.

Lo anterior implica un problema. ¿Cómo identificamos y corregimos los casos de corrupción cotidiana ante la ausencia de mecanismos imparciales y legítimos para regular nuestra vida pública, es más, nuestras interacciones con docenas de personas a diario? Si la ley no es una sola y legítima, ni se aplica a rajatabla para todos, ¿recurrir a actos (presuntamente) ilegales responde a una lógica de abuso o supervivencia? En las condiciones que vivimos, incurrimos en actos de dudosa legalidad a veces por culpa de las extorsiones de los servidores públicos, pero también como una forma más sencilla de solucionar nuestros problemas cotidianos.

¿Deberíamos entonces considerarnos “corruptos”? ¿Es corrupción si, por ejemplo, le pagamos a un franelero para que cuide nuestro coche? Algunos dirían que sí, pero que es producto de la extorsión del franelero, que privatiza la calle y te exige una “propina” a cambio de permitir que te estaciones. Pero el franelero también puede ser un “prestador de un servicio” con quien llegas a un acuerdo de beneficio mutuo para explotar un bien público, la calle, ante la ausencia de un árbitro que vigile su uso adecuado e indiscriminado.
El pasado 19 de julio, realizamos un pequeño sondeo con la cuenta de Opciona en Twitter. Bajo la pregunta “¿Cuáles de estos actos son corrupción?”, buscamos contrastar las respuestas a las siguientes opciones:

1. Pagarle a un franelero
2. Desviar recursos públicos
3. Ambos casos
4. Ninguno

Respondieron 495 personas y los resultados revelan que la mayoría de los participantes consideran que “desviar recursos públicos” es corrupción (48%), a contraposición de “ambos casos” (45%). Por otro lado, la respuesta de “pagarle a un franelero” recibió la menor cantidad de votos de las cuatro opciones (2%), incluso menos que la opción de “ninguno” (5%). Si sumamos la proporción que votó por el desvío de recursos públicos y la opción “ninguno”, podemos decir que 53% de los participantes consideran que pagarle a un franelero no es un acto de corrupción.

La intención detrás de este pequeño ejercicio fue problematizar las definiciones aparentemente consensuadas que tenemos sobre la corrupción. Hablar sobre “el abuso del poder otorgado” suena correcto en situaciones donde la corrupción se tiene que esconder para operar en la impunidad (por ej., una licitación amañada). Pero cuando está normalizada, es menos riesgoso que ocurra a la luz del día, porque el Estado decide ausentarse y los ciudadanos tenemos que recurrir a acuerdos extralegales para sobrevivir y resolver nuestros problemas cotidianos.

Otros datos. En 12 grupos de enfoque que realizó Opciona en colaboración con Votia en febrero de este año, repartimos un cuestionario para saber si ciertas situaciones a las que se enfrentan diariamente los capitalinos son consideradas como actos de corrupción. Abajo viene la tabla de resultados. Cabe aclarar que estas cifras no son generalizables a toda la población de la CDMX, simplemente son ilustrativas de la distribución de opiniones de algunos capitalinos.

Sorprenden dos cosas. Primero, la presencia recurrente del gobierno en las interacciones que son consideradas mayoritariamente corruptas (rojo); pero también el gran número de situaciones cotidianas en las que tenemos que recurrir a la corrupción pero que, en principio, no son percibidas como corruptas (en azul). En otras palabras, poner un diablito en el medidor de luz o agua, no pagar el agua o por el pasaje de un niño en el transporte público y pagar porque se lleven la basura, no son percibidos como actos corruptos. Son gajes del oficio de vivir en un Estado que es incapaz de garantizar la aplicación de la ley de manera justa e imparcial para todos.
Entonces, ¿por dónde debemos de empezar el combate a la corrupción? La respuesta a esa pregunta será discutida en nuestras próximas entregas.

Fuente: Elaboración propia con base en grupos de enfoque realizados con Votia.

El texto original fue publicado el 21 de julio de 2016 en Animal Político.