El próximo 9 de noviembre se terminará el plazo para que los aspirantes que estén interesados en el puesto público de Fiscal Anticorrupción presenten su registro ante la Junta de Coordinación Política del Senado. Acto seguido, la Junta de Coordinación Política turnará a las comisiones de Justicia y Anticorrupción y Participación Ciudadana los registros para establecer la forma de evaluación de los aspirantes. A más tardar el 29 de noviembre, las comisiones dictaminadoras presentarán a la misma Junta el listado de aspirantes. Esta última instancia acordará el nombramiento del nuevo Fiscal, que después será sometido al pleno del Senado. 

Es crucial decirlo: el nombramiento del nuevo Fiscal Anticorrupción es de los más importantes del año, razón misma por la que los ciudadanos debemos vigilar el proceso con lujo de detalle. Y esto lo digo no solo por las funciones que el nuevo Fiscal va a desempeñar, sino por la forma en la que recientemente hemos visto que se manejan los puestos políticos de órganos que, en papel, tienen independencia de las presiones políticas, pero en la realidad han demostrado lo contrario.

El nuevo Fiscal Anticorrupción se encargará de la investigación de los actos de corrupción de competencia federal que llevan sanción penal. Tiene 20 facultades, entre ellas, coordinar su actuación con las unidades administrativas y órganos desconcentrados de la PGR, y ejercer la facultad de atracción de los delitos del orden común en términos de las disposiciones jurídicas aplicables.

Para garantizar su correcto ejercicio, la Fiscalía necesita contar con la mayor autonomía posible, por ello se supone que es importante que el nombramiento venga del Senado y no del Ejecutivo Federal. A nivel constitucional, es integrante del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, donde también participan miembros de los distintos órganos que conforman el Sistema. Asimismo, cuando la Auditoría Superior de la Federación encuentre algún caso de corrupción, podrá promoverlo en la Fiscalía para que le dé el seguimiento adecuado.

Todo bien hasta ahora. Al parecer, la Fiscalía debería de funcionar como un Mercedes Benz que corre de cero a cien kilómetros por hora en un par de segundos. Sin embargo, la historia reciente de nombramientos de órganos con autonomía política nos deja ver que quizá estos procedimientos no sean necesariamente pulcros.

El primer caso es la imparcialidad del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). No han sido pocos los periodistas que afirman que los nuevos magistrados que componen el recientemente nombrado TEPJF son producto de la distribución de cuotas partidistas. A eso hay que sumarle la propuesta recientemente aprobada en el Senado y la Cámara de Diputados que hace que cuatro de los nuevos magistrados reciban una ampliación del periodo para el que originalmente fueron nombrados (de 3 a 7 años y de 6 a 8). Estos órganos de control político, han demostrado con el tiempo que se pueden adecuar, sin problema alguno, a los intereses de las personas que los nombran.

El segundo caso es el reciente nombramiento del titular de la PGR, Raúl Cervantes, quien será el próximo Fiscal General de la República, se dio de forma rápida y con un nivel mínimo de deliberación. Al mismo tiempo, diversas organizaciones de la sociedad civil y académicos le cuestionaron que sus credenciales no mostraran una carrera independiente a la militancia partidista.

El próximo Fiscal Anticorrupción será nombrado por el mismo órgano que hizo estos dos cuestionables nombramientos. No me malinterpreten, puede ser que cuando llegue el momento de elegir al Fiscal, nos llevemos una grata sorpresa y se elija a un ciudadano independiente de las presiones partidistas. Pero así también, es muy probable que el caso sea el contrario, que se elija a alguien cercano a los intereses de algún partido y que los ciudadanos seamos los que perdamos con esta decisión.

Es por ello que nos urge estar pendientes de este proceso. Si la división de poderes no es condición suficiente para que haya independencia y deliberación en las decisiones políticas, entonces los ciudadanos somos los que tenemos que estar ahí para evitar que se tomen decisiones equivocadas.

Organizaciones como Fundar y Artículo 19 realizan desde hace años una excelente labor de vigilancia en los procesos de nominación. Trabajemos con ellas para asegurarnos de que el proceso para nombrar al nuevo Fiscal Anticorrupción sea transparente, meritocrático y atento a los intereses de la ciudadanía.

No podemos dejar que una de las principales figuras dentro del Sistema Nacional Anticorrupción sea tergiversada por intereses partidistas. Por ello, Opciona le urge a todos los expertos que están de este lado de la ciudadanía, y que pueden aportar a ser verdaderos representantes de la sociedad civil, que sumen sus currículos al proceso de selección del nuevo Fiscal Anticorrupción. Quizá no tengan a los partidos de su lado, pero sí pueden tenernos a nosotros, la sociedad civil, del suyo.

El momento apremia para que la sociedad civil demuestre que se puede articular con propuestas serias y viables, de tal manera que los partidos no nos coman el mandado y quien ocupen este cargo público sea la persona más preparada y, sobre todo, de mayor integridad posible. Quedan pocos días para el 9 de noviembre. No permitamos que la Fiscalía Anticorrupción se convierta en la primera institución del gatopardismo en México.

@gustavoriveral

Artículo publicado en Animal Político, el 7 de noviembre de 2016