No es necesario ser experto para darse cuenta de que los escándalos de corrupción de la clase política (Ayotzinapa, la “casa blanca”, el tren México-Querétaro, la casa de Malinaclo, Tlatlaya, “los piratas de Borge”, “las empresas fantasma de Duarte”, entre muchos otros) tienen un impacto importante y directo en la manera en que los ciudadanos percibimos y entendemos el problema de la corrupción en México. Si en el debate público asociamos la corrupción con el número de escándalos y abusos de la clase política que hay mes tras mes, uno esperaría también que la percepción que tenemos sobre la misma varíe en consonancia. Sin embargo, la historia de la percepción de la corrupción también revela una serie de interacciones que, a nivel micro, tenemos los ciudadanos con los órganos de gobierno.

A principios de agosto Opciona realizó una segunda encuesta representativa nacional, en colaboración con Votia, para seguir evaluando este fenómeno.[1] La encuesta revela que el 74 por ciento de los mexicanos consideran que la corrupción ha aumentado en el último año, mientras que el 19 por ciento creen que sigue igual. Sólo el 6 por ciento creen que ha disminuido. Por otro lado, al preguntarle a los entrevistados sobre la corrupción que podemos esperar el próximo año, 60 por ciento estimaron que aumentará, 17 por ciento que seguirá igual y 13 por ciento que disminuirá.

En la misma encuesta hicimos varias preguntas sobre la confianza que ciertas instituciones políticas y sociales inspiran en los mexicanos. En primer lugar, el 80 por ciento no confía en el Presidente de la República. El sondeo arroja un número similar sobre la confianza que inspiran el gobierno, los partidos y los legisladores, con 81, 88 y 87 por ciento asegurando que no confían en ellos, respectivamente.

Hasta aquí parece que no hay nada nuevo bajo el sol. Es bien sabido que el nivel de confianza que inspiran los representantes populares es bajo, en general. Por otro lado, cuando le preguntamos a la gente sobre la confianza que le inspiran los ministerios públicos y los jueces, 19 por ciento y 23 respondieron que les dan confianza, respectivamente. Es decir, las instituciones que se supone que deberían de ser los primeros espacios de denuncia y ejecución de la ley, a nivel de calle, inspiran casi el mismo nivel de confianza que las instituciones de representación pública.

Estos datos son importantes porque nos permiten formular una hipótesis sobre por qué los ciudadanos rara vez invocamos a la ley y recurrimos a los espacios de ejecución de justicia para resolver nuestros problemas: no confiamos en ellos. No sorprende entonces que las cifras negras de delitos sean tan altas, que decir que en México “la ley no se negocia” suene como un llamado a misa y que los jueces sean vistos como funcionarios al servicio del mejor postor: la manera misma en la que se comportan los servidores públicos y la clase política profundiza el problema de la corrupción.

Entonces, cuando hablamos de la percepción que los ciudadanos tenemos sobre la corrupción del gobierno, no nos referimos únicamente a nuestra opinión sobre el nivel de corrupción del presidente o del gobernador en turno. También nos referimos a las instituciones públicas con las que interactuamos en nuestra vida cotidiana: las ventanillas de trámite, la policía, los mismos ministerios públicos y, en ocasiones, los jueces. En la medida en que percibimos más corrupción disminuye nuestra confianza en las caras más cercanas del Estado, y con ellas la capacidad misma del gobierno de encausar cualquier tipo de acciones. No nos sorprendamos luego si el gobierno es incapaz de hacer valer la ley; si el árbitro es incapaz de imponer sus reglas por falta de legitimidad; o si nadie se acerca a las instituciones diseñadas para procurar e impartir justicia.

Por ello es un error creer que la percepción de la corrupción sólo afecta a la confianza que se deposita en las instituciones de representación pública, los servidores públicos y los políticos que se encuentran en el ojo del huracán. Por el contrario, la percepción de la corrupción es un asunto que afecta de manera directa a la gobernanza y la legitimidad del gobierno en todos sus niveles, y que puede facilitar o inhibir la capacidad de dar vida a cualquier ley o implementar cualquier política pública, por más bien diseñada e intencionada que sea.

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¿La buena noticia de la encuesta? Los mexicanos estamos de acuerdo con que no basta con implementar el Sistema Nacional Anticorrupción o meter a la cárcel a los corruptos para reducir la corrupción. El 89% piensa que, si dejáramos de pagar mordidas, la corrupción disminuiría sustancialmente. Un nuevo indicio de que los ciudadanos nos sabemos corresponsables de la corrupción cotidiana, y que la forma en la que interactuamos diariamente con el gobierno tiene que cambiar.

@danielcubierto