En abril de 2017, Opciona presentó un tablero para dar seguimiento puntual a la implementación de los Sistemas Locales Anticorrupción (SLAs) en cada una de las 32 entidades: SNAhonesto.mx. Esto con la intención de resumir de manera clara y sencilla procesos del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), que a veces son difíciles de desentrañar hasta para los expertos, y para apoyar a OSCs del ámbito local en el seguimiento de la implementación del SNA en sus respectivas entidades. ¿Qué grado de avance se ha registrado desde el 19 de julio de 2017, fecha en que arrancó formalmente el SNA en todo México?

Esta entrega de SNAhonesto.mx evalúa el avance en cuatro de los once procedimientos de reformas legales y designaciones que se tienen que implementar en cada entidad para poder articular el SLA: Reforma Constitucional, Reforma Legal, Comisión de Selección (CS) y Comité de Participación Ciudadana (CPC), con corte al pasado 3 de Agosto. Para ello, se utilizó un instrumento que califica en total más de 60 variables. La evaluación con este instrumento arroja calificaciones cuantitativas y visuales: rosa para el estado con leyes o designaciones deficientes, amarillo para el estado que ha avanzado medianamente y verde para el estado que ha hecho muy buenas adecuaciones legales o designaciones, de acuerdo a los parámetros de la reforma constitucional y la Ley General. 

Al 19 de julio de 2017, 31 de 32  entidades reformaron sus constituciones; solo en Chihuahua queda pendiente, por lo que esa entidad es la única que incumplió con la fecha límite. Por otro lado, Veracruz y Baja California reformaron sus constituciones, pero deficientemente.

Es importante recalcar que la reforma constitucional es crucial dentro de los SLAs; no solo marca el inicio del proceso de homologación del mismo con el SNA, sino que otorga las líneas de acción que el resto de las leyes secundarias y las designaciones tendrán que cumplir. Por ello, es importante decir que quince estados publicaron una reforma constitucional de mediana calidad, debido a que agregaron elementos a la configuración del SLA que están de más y que lo hacen menos operativo, que no dotan de suficiente autonomía a figuras importantes como el Fiscal Anticorrupción, o que no separan los delitos de corrupción graves de los no graves. 

Respecto a lo primero, Hidalgo, la CDMX, Guanajuato, Michoacán y Morelos cuentan con más de siete integrantes en su Comité Coordinador, cuando la Constitución pide expresamente que esté conformado por siete titulares de distintos organismos públicos. Estas “mejoras” pueden ser peligrosas, puesto que las reformas locales pueden ser declaradas inconstitucionales. Por otro lado, dificultan los acuerdos dentro del Comité Coordinador, al tener mayor cantidad de miembros o tener un número par de integrantes, como sucede en Hidalgo (10) y Michoacán (10), lo que favorece el empate.

De igual forma, los SLAs pueden tener una mala calificación en la Reforma Constitucional si no se garantiza la autonomía del Fiscal Anticorrupción. Así es en Baja California, la Ciudad de México, Durango, Estado de México, Hidalgo, Jalisco, Morelos, Oaxaca, Sinaloa, Tamaulipas y Zacatecas; en estos casos, la designación del Fiscal pasa de alguna u otra forma por las manos del gobernador.

Así también, en Baja California, Estado de México, Guanajuato, Sinaloa y Zacatecas no se creó el Tribunal Superior de Justicia Administrativa o no se determinaron las sanciones de faltas graves y no graves. Esto es un problema puesto que no existe claridad de los procedimientos o las sanciones para los actos de corrupción, que pueden pasar por penalizaciones administrativas menores.

Finalmente, hay que reconocer que en 14 de los 32 estados se publicaron Reformas Constitucionales satisfactorias (en verde), de acuerdo a los parámetros establecidos por la reforma a la Constitución y la Ley General. Aunque cabe destacar que ni siquiera en los estados con mejor calificación se cumplió con los estándares internacionales de Parlamento Abierto. La opacidad en los congresos locales fue una constante.

Pasando a la Ley Local, 18 de 28 estados tienen una Ley deficiente. Esta variable evalúa de modo amplio las leyes, en tanto que se establecen mecanismos que tengan concordancia con la Ley General y la reforma constitucional de cada estado. Es la “letra chica” que asegura medios específicos para los organismos del SLA. Por ejemplo, una Ley adecuada debería estipular que el SLA rinda un informe público en el que dé cuenta de las acciones anticorrupción, los riesgos identificados, los costos potenciales generados y los resultados de sus recomendaciones, siguiendo las metodologías emitidas por el SNA. Si un estado se ve en amarillo o en rosa, es porque los órganos del SLA no cuentan con las atribuciones suficientes para garantizar la implementación de acciones o políticas de combate a la corrupción. Solo 10 estados cuentan con los medios adecuados para implementar correctamente la reforma constitucional.

Finalmente, en al menos once estados ya existe una Comisión de Selección y en dos, Querétaro y Sonora, ya hay Comité de Participación Ciudadana. De los primeros once, uno tiene calificación deficiente (Sinaloa), cinco mediana (Aguascalientes, Durango, Nayarit, Querétaro y Sonora) y cuatro satisfactoria (Campeche, Guanajuato, Puebla y Tamaulipas). El estado restante, Morelos, no fue calificado debido a que el Director General de Opciona fue recientemente nombrado miembro de la Comisión del estado, por lo que existe un conflicto de interés. En ambos procesos, se evaluó el cumplimiento con los criterios de la Ley General (como la independencia y el prestigio de los aspirantes) y el cumplimiento con los procedimientos establecidos en la convocatoria.

Aunque oficialmente el SNA empezó a funcionar el pasado 19 de julio, todavía queda un mar de pendientes que hay que atender. Estos van desde reformas no realizadas y leyes deficientemente homologadas, hasta designaciones de cientos de puestos clave (Comités de Participación Ciudadana, Secretarios Técnicos, Magistrados y Fiscales Anticorrupción, por decir los menos). El éxito o fracaso del SNA dependerá de que estos procesos se cumplan a cabalidad, con presencia de la ciudadanía y a través de las mejores prácticas de Parlamento Abierto.

Justo porque la implementación del SNA no ha terminado, a pesar de que los políticos están dispuestos a dar el carpetazo cuanto antes, es que existe SNAhonesto.mx. Éste debe servir como un tablero de referencia para que decenas de organizaciones de la sociedad civil en todo el país ejerzan presión en los pendientes del SNA. Es necesario que la ciudadanía no quite el dedo del renglón y siga impulsando este esfuerzo de largo aliento.  

Los datos pueden ser consultados y descargados en SNAhonesto.mx.

@danielcubierto