México, tenemos un problema

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Combatir la corrupción requiere “aplicar la ley con el debido proceso”, “voluntad política para aplicar la ley, sea quien sea” y “aplicar la ley y garantizar el orden”. O al menos eso dicen quienes, desde una perspectiva tecnocrática, reducen el problema del combate a la corrupción a un asunto de voluntad política, donde los “daños” provocados por estas prácticas se miden en dinero y la legitimidad de la ley se da por sentada. 

Me refiero a quienes cacarean el “fin de la historia” desde 1992 y aplauden complacientemente cada vez que el Presidente sale a gritar a los cuatro vientos “la ley no se negocia”. Pero ¿qué pasa cuando la ley no es legítima para una buena parte de la población, que además “negocia” esta misma ley para sobrevivir en su vida cotidiana? O lo que es peor, ¿qué pasa cuando la ley es considerada un activo al servicio del mejor postor y su aplicación “a rajatabla” es percibida como una causa constante de abusos e injusticias? México, tenemos un problema.

La implementación de la Reforma Educativa es la manifestación más reciente del problema que implica aplicar la ley “a rajatabla”, sin tomar en cuenta el contexto donde se está aplicando. Más allá de las particularidades de la reforma, la constante en todos los episodios de su implementación es la disonancia entre la realidad y el discurso, donde la realidad es la aplicación selectiva de la ley en beneficio de quienes detentan mayor poder político y económico, y el discurso es un llamado vacuo a la legalidad emitido por una clase política que ha hecho de la corrupción un modus vivendi. No es casualidad que el Corruptómetro de Opciona arroje que 42 por ciento de los mexicanos asocian la palabra “ley” con “corrupción”, “algo inexistente” o conceptos negativos como “desigualdad”, “injusticia” y “abuso”. En ese contexto, no sorprende que cualquier llamado a aplicar la ley “a rajatabla” sea interpretado como un llamado a aplicar la ley en beneficio de los “corruptos”, los “injustos” y los “abusivos”.

Muchos pensarán que esto es el preámbulo de una apología de la corrupción de los líderes sindicales que en semanas recientes se han encargado de desquiciar el tránsito en la Ciudad de México y en los estados de Chiapas, Guerrero, Michoacán y Oaxaca. Todo lo contrario. Los argumentos anteriores sirven para arrojar luz sobre una de las principales causas por las que el gobierno no puede implementar reformas como la Educativa —y por las cuales la aplicación de las reformas anticorrupción aprobadas recientemente está en peligro—. Lisa y llanamente, la sociedad tiene pocas razones para creerle al gobierno: para creerle que, ahora sí, aplicará la ley imparcialmente; que, ahora sí, sancionará a los corruptos sean quienes sean; que, ahora sí, no terminará coludido con los líderes sindicales que también han hecho de la corrupción una forma de vida. Si los maestros no han cerrado filas con el gobierno es porque no le creen y porque no sienten su respaldo.

Sin ser nada nuevo en el escenario político nacional, la disonancia entre discurso y realidad resulta apremiante porque estamos inmersos en una crisis de corrupción política que parece no tener fondo. Urge tomarse el problema con seriedad e ir más allá de discursos facilones ante audiencias a modo. Urge rendir cuentas sobre el ejercicio de la función pública y enfrentar las consecuencias de incurrir en actos de corrupción. Urge ejercer más presión sobre una partidocracia que se ve cómoda obstruyendo la participación ciudadana. Urge ser más exigentes con una clase política que confunde las críticas con el “mal humor”. ¿Qué podemos hacer al respecto? Al menos dos cosas.

La primera es romper el pacto de impunidad entre la clase política, la plutocracia y los criminales, que relega a la sociedad a un papel secundario en el quehacer público y convierte la aplicación de ley en una herramienta de extorción y presión política. Para ello, es necesario aprovechar las herramientas del periodismo y la investigación social para evidenciar y denunciar las redes de corrupción pública y privada que someten el bien común al interés de unos cuantos. Pero, sobre todo, es necesario que los ciudadanos seamos más exigentes con el gobierno y con nosotros mismos, que seamos innovadores en la manera de comunicar nuestras exigencias y que aprovechemos los mecanismos existentes de participación ciudadana —como el plebiscito, la iniciativa popular, el referéndum, la revocación del mandato y la consulta popular— para revindicar la política. El simple hecho de vivir en sociedad nos hace seres políticos, y como seres políticos es nuestro deber velar por el bien común e involucrarnos en asuntos públicos.

La segunda y quizá más importante es la estructuración de un nuevo pacto social que incluya a la ciudadanía. Desde la Independencia, el Estado mexicano ha sido moldeado en beneficio de los intereses de las élites políticas y económicas que lo controlan. El resultado es un Estado indómito, que basa su estabilidad en la articulación de una compleja red de clientelas en las que los grupos sociales marginados sólo consiguen protección de las autoridades a cambio de lealtad y sumisión política; un Estado donde los derechos se hacen valer cuando se cuenta con la “palanca” adecuada; un Estado donde la corrupción es un medio para enriquecerse y ascender socialmente o, en el otro extremo, para sobrevivir y resolver problemas cotidianos. El nuevo pacto social deberá ser estructurado por la ciudadanía y, por lógica, deberá plantear una reforma profunda al sistema de partidos políticos. Para dar vida a una ley que a la fecha es vista como letra muerta, México necesita un sistema de partidos verdaderamente representativo, que vele por el bien común y que sirva como instrumento efectivo para que los ciudadanos hagamos vida pública cuando así lo deseemos.

La importancia de este nuevo pacto social incluyente radica en que, sin él, será muy complicado que la ley finalmente sea vista como “legítima”. Sin duda debemos de aspirar a que México sea un país donde la ley se aplica “con el debido proceso”, “sea a quien sea” y “a rajatabla”; sin embargo, la construcción de ese país —de ese Estado democrático de derecho— empieza por los cimientos, y los cimientos se asientan sobre una base de congruencia y confianza. Quizá 2017 no sólo sea una oportunidad para celebrar el centenario de la Constitución, sino también para estructurar un nuevo pacto social incluyente, fundado en los valores de la rendición de cuentas y la representación política. Bien dicen que los tiempos de crisis son tiempos de oportunidades. Aprovechemos la crisis de corrupción política en la que estamos inmersos para exigir un nuevo pacto social que revista de legitimidad a la ley que tanto necesitamos.

@gustavoriveral

 

El texto original fue publicado el 01 de septiembre de 2016 en Animal Político

 


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